Un juez le imputó los delitos de administración fraudulenta, incumplimiento
de los deberes de funcionario público y falsear el contenido de documento
público · Fue por su actuación en la venta de Tandanor
El ex ministro de Defensa Erman González se sumó ayer a la lista de ex
funcionarios menemistas que enfrentan una complicada situación judicial
y que encabezan el ex titular del PAMI Víctor Alderete —preso desde hace
seis meses— y la ex secretaria de Recursos Naturales María Julia Alsogaray,
procesada por enriquecimiento ilícito y acusada de haber integrado una
supuesta asociación ilícita.
Es que el juez federal Jorge Ballestero lo procesó por administración
fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad
ideológica de documento público y le trabó un embargo preventivo de cinco
millones de dólares sobre sus bienes. En cambio, el juez no encontró,
hasta ahora, pruebas para procesarlo por asociación ilícita. Todo por
su actuación en la escandalosa privatización del astillero Tandanor que
para el juez ocasionó un perjuicio económico al Estado de 70 millones
de dólares.
El procesamiento de ayer se debe a que durante la gestión de Erman en
Defensa, entre 1991 y 1993, el gobierno menemista vendió Tandanor —un
taller de reparaciones navales que pertenecía a la Armada— al consorcio
Indarsa por un total de 60 millones de dólares. En esta causa, abierta
por una denuncia del ex ministro de Defensa Jorge Domínguez en 1999 y
ampliada por el actual Ricardo López Murphy, la Oficina Anticorrupción
pidió ser tenida en cuenta como querellante.
Pero Indarsa sólo pagó 7.200.000 dólares y, para colmo, vendió un estratégico
terreno de Tandanor en la Dársena Norte en 18 millones donde hoy se proyectan
inversiones por 500 millones, tal como adelantó Clarín en exclusiva el
29 de octubre.
Por esas maniobras, Ballestero procesó también al ex delegado de Defensa
en Tandanor Eduardo Tesoriere y a los directivos de Indarsa, los empresarios
Alejandro Bofill y Andrés Vlastó. Tandanor actualmente sigue funcionando,
pero controlado por un síndico nombrado por el juez de la quiebra, Javier
Fernández Moores.
Pero la resolución perjudica más a Erman, un contador riojano y dirigente
menemista de la primera hora que fue ex gerente del Banco Central, ex
ministro de las carteras de Salud, Economía y Defensa del gobierno de
Carlos Menem y ex diputado nacional. Su última función pública fue la
de ministro de Trabajo, cargo al que tuvo que renunciar, en mayo de 1999,
cuando este diario reveló que cobraba una jubilación de privilegio de
6.700 pesos.
En una resolución de 80 páginas, a la que tuvo acceso este diario, Ballestero
tomó su decisión con estos fundamentos:
· En todo "el proceso de privatización (Erman) tuvo por objeto procurar
un lucro indebido para el consorcio adquirente".
· "No incluyó cláusulas de caducidad automática" en el contrato de transferencia
de Tandanor ante los primeros incumplimientos de los pagos.
· "No estableció (en el contrato) cláusulas sobre los bienes de capital
registrables como así tampoco limitación alguna para efectuar su transferencia
hasta el efectivo pago del saldo del precio", lo que permitió la venta
del terreno de Dársena Norte. Además, los 18 millones de dólares de esa
venta, dice el juez, "nunca ingresaron a Tandanor".
· Aceptó como garantía del saldo de la deuda una póliza de Aseguradora
del Litoral sabiendo que era parte del consorcio comprador y que no tenía
garantía de un banco de nivel internacional. Como esa aseguradora es insolvente,
el Estado tampoco pudo cobrar el seguro.
· Firmó un acta que otorgó una prórroga de 30 días para la presentación
de un aval bancario de la compra, a pesar de que ese tipo de documentos
se piden antes de las adjudicaciones. Además, el aval nunca se presentó.
· Nunca utilizó la facultad rescindir el contrato que tenía su ministerio.
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En definitiva, para el juez "las excusas de González (en su declaración
indagatoria) en modo alguno resultan suficientes para justificar la enorme
cantidad de irregularidades cometidas en la licitación y venta de Tandanor".
Y su accionar "en modo alguno —agregó el juez— se dirigió a preservar
y velar por la indemnidad de los bienes de la Nación".
Más adelante, el juez justificó su decisión de trabarle a Erman un embargo
preventivo de 5 millones sobre sus bienes, basado en la estimación de
que por estas maniobras el Estado se vio perjudicado en 70 millones de
dólares. El ex ministro ya tiene un embargo de 400 mil dólares que le
dictó el juez federal Jorge Urso, junto a otro procesamiento, por su responsabilidad
en la venta ilegal de armas a Croacia, pero que lo apeló ante la Cámara
Federal.
De todos modos, Erman no es un hombre pobre. Actualmente, dice que tiene
una renta mensual de 9 mil pesos y en su última declaración jurada de
bienes, afirmó poseer un patrimonio de 1.800.000 representado en dos departamentos,
cuatro terrenos, acciones, depósitos bancarios y dos autos. Pero en la
causa por la venta de armas, el fiscal Carlos Stornelli —que también actúa
en el caso Tandanor— investiga si se enriqueció ilícitamente durante su
paso por el gobierno.
Por DANIEL SANTORO. De la Redacción de Clarín.
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